A juicio el teniente alcalde socialista de Almonte por prevaricación y daños al espacio natural de Doñana

La Audiencia Provincial de Huelva ha acogido este lunes el juicio contra el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), el socialista José Miguel Espina, por el caso relativo a unas obras de apertura de un camino en el Médano del Asperillo -acantilado de dunas fósiles que se extiende entre las playas de Matalascañas y Mazagón, en Doñana- «sin el permiso correspondiente para ello». Se le imputan presuntos delitos de prevaricación y daños a un espacio natural.

El socialista ha asegurado que «desconoce por qué está acusado» y defiende que «no ha incurrido en ningún delito». En un comunicado remitido a Europa Press tras prestar declaración en el juicio, Espina ha apuntado que el motivo de su silencio «durante estos tres años» ha sido porque «quería hablar en el lugar en el que tenía que hacerlo».

Además del teniendo de alcalde de Almonte, en el juicio han declarado los representantes de la empresa de rutas a caballo de la zona, un técnico de mantenimiento del Ayuntamiento, el director del Espacio Natural de Doñana, el jefe de Servicio de Costas, un vigilante, el representante del Servicio de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía y dos agentes de la Guardia Civil.

Por su parte, el presidente del PP de Almonte, Miguel Ángel Jiménez, ha pedido este lunes al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que «cumpla el código ético de su partido». El popular considera «inaceptable» que el PSOE «siga manteniendo las atribuciones» del concejal «cuando se enfrenta a una petición de pena (…) de cuatro años de cárcel y 15 de inhabilitación para cargo público».

«En el caso del concejal socialista en Almonte, el código ético del PSOE queda en un burdo engaño a los ciudadanos, ya que el compromiso de apartar a cualquier cargo público al que se le haya abierto juicio oral demuestra que para los propios socialistas este documento es papel mojado», ha lamentado.

Asimismo, Jiménez ha señalado que «se da la circunstancia de que los dos últimos concejales de urbanismo de Almonte, ambos del PSOE, están siendo juzgados por presuntos delitos cometidos en el Espacio Natural de Doñana después de que la Fiscalía de Medio Ambiente iniciara las causas de oficio».

Además, «semanas antes de que se conociera el procesamiento de Miguel Espina, un concejal del PP de Almonte puso su acta a disposición del partido después de haber sido sorprendido en un establecimiento de restauración fuera del horario Covid. Mientras que nuestros concejales asumen responsabilidades por una mera infracción administrativa, el PSOE calla y permite la permanencia de este concejal en un caso penal», ha recalcado.

Caso Asperillo

Según reza el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, la Fiscalía lo considera presunto responsable de un delito de daños a un espacio natural y delito de prevaricación. Comparecen también comparecen como acusados dos personas más de una empresa de rutas a caballo de la zona como presuntas responsables de un delito de daños a un espacio natural.

La Fiscalía solicita para todos los acusados la pena de cuatro años de prisión por el delito de daños a un espacio natural y una multa de 24 meses a razón de seis euros diarios (unos 4.320 euros). Para Espina pide también por el delito de prevaricación la inhabilitación para cargo público durante 15 años.

Asimismo, el Ministerio Fiscal señala en su escrito que, en concepto de responsabilidad civil, los acusados, de forma directa y solidaria, y el Ayuntamiento de Almonte, de forma subsidiaria, «estarán obligados a indemnizar» a la Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía -de la cual depende el Espacio Natural de Doñana- «en las cuantías que se determinen en ejecución de sentencia como necesarias para las operaciones de restauración del Acantilado afectado».

Esa zona de los acantilados del Asperillo tiene reconocido el carácter de monumento natural y se encuentra ubicado dentro del Parque Natural de Doñana. A su vez, el suelo donde se ha acometido la obra que ahora se enjuicia se encuentra ubicado en zona de dominio público marítimo terrestre.

El escrito señala que, durante el verano de 2019, los acusados de la empresa de rutas a caballo, «en su condición de gerente uno y administrador el otro, a sabiendas de su ilegalidad y con pleno conocimiento del daño que suponía para el monumento natural del acantilado del Asperillo y del Espacio Natural de Doñana, construyeron una nueva rampa de acceso desde la playa de Castilla hasta la meseta superior del acantilado del Asperillo, excavando para ello la duna fósil».

De la misma manera, explica que la rampa contaba con «unas dimensiones aproximadas de tres metros de anchura, superando el desnivel de 12 metros y realizando un recorrido de 52 metros».

En esta línea, la Fiscalía destaca que «carecían en todo momento de proyecto de obras y licencia municipal de urbanismo, así como de las autorizaciones previas y preceptivas de los órganos competentes sectoriales, autorización del Espacio Natural de Doñana dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, del Servicio Provincial de Costas de Huelva y de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía».

A este respecto, reseña que la actuación «tuvo su amparo en las autorizaciones emitidas» por el primer teniente de alcalde de Almonte, también acusado, que «en su condición de concejal de Matalascañas, Patrimonio y Urbanismo dentro de la corporación municipal de Almonte» que ostentaba en aquel momento, y «a sabiendas de su completa ilegalidad y del daño que suponía para el monumento natural y el propio Espacio Natural de Doñana, emitió hasta tres autorizaciones para la realización y continuación de las anteriores obras, sin tener en cuenta en ningún momento el procedimiento legalmente establecido».

El escrito prosigue que, tras inspección del Servicio Provincial de Costas de Huelva en julio de 2019, «que advirtió las ilegalidades existentes en la obra, se expidió una tercera autorización por parte del primer teniente de alcalde en favor de la empresa de excavaciones», que fueron paralizadas finalmente, «quedando inconclusas», en virtud de auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de La Palma del Condado en agosto de 2019.

No obstante, la medida fue alzada en fecha 13 de septiembre de 2019 por auto del mismo Juzgado, con la finalidad de acometer los trabajos de corrección de los impactos producidos por la obra. Igualmente, el 17 de septiembre de 2019 se incoó por parte del Ayuntamiento de Almonte procedimiento para la protección de la legalidad rrbanística en relación a las obras investigadas.

Finalmente, la Fiscalía subraya que el daño, según informe del director del Espacio Natural de Doñana, ha sido calificado como «irreversible», al ser la restitución del estado original «virtualmente imposible», de forma que aunque «no ha afectado a la fauna ni a la flora del lugar, sí que se ha afectado de manera grave al paisaje, destruyéndose las características formaciones del acantilado y generándose un importante riesgo de erosión, por lo que la aparición de cárcavas afectando a zonas colindantes es más que probable».